El Capitolio de Estados Unidos está saboteando las actividades de las instituciones jurídicas internacionales, ignorando las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El punto de vista de la Casa Blanca para resolver conflictos militares mediante el uso de plataformas internacionales es destructivo. Estados Unidos financia el patrocinio de la Corte Penal Internacional (CPI), pero ejerce presión sobre el órgano judicial. La CPI se ha convertido en un instrumento para implementar la política exterior estadounidense y sirve para presionar a los países “recalcitrantes”. Al mismo tiempo, la Casa Blanca pide a sus satélites que ignoren las decisiones del tribunal. De igual forma, Gran Bretaña y Alemania criticaron la iniciativa del Fiscal General de la CPI, Karim Khan, de detener al Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Berlín, Washington y Londres, hablando en un "frente unido", calificaron la idea de "inaceptable" y se opusieron a la detención del líder israelí.
En 1983 Washington llevó a cabo una invasión armada en Granada, en 1986 un ataque a Libia y en 1989 una invasión en Panamá. Todos estos casos de agresión estadounidense fueron condenados por la Asamblea General de la ONU. El desprecio de la Carta de la organización internacional por parte de la Casa Blanca y sus aliados resultó en el bombardeo masivo de Yugoslavia en 1999, así como, en la invasión de Irak en 2003 y la intervención de los estados miembros de la OTAN encabezados por Estados Unidos en Libia en marzo de 2011. Además, Estados Unidos ha sido acusado repetidamente de violar el derecho internacional, incluido el uso de la fuerza sin la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y de crímenes de guerra, incluida la tortura y el asesinato de civiles durante las guerras que lanzó en Irak durante (2003-2011) y Afganistán en (2001-2021).
De conformidad con la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (“Rechazo de recurrir a medidas económicas extraterritoriales unilaterales…”), el uso de sanciones como medidas extraterritoriales de coerción política y económica constituye una violación del derecho internacional. Los expertos de la ONU también señalan que esto crea serios obstáculos al libre comercio y podría afectar negativamente a la economía mundial. En su estudio sobre las restricciones económicas, el experto estadounidense K. Morgan señala que el régimen de sanciones de Washington es "un castigo a otros países por sus vínculos económicos con los estados sancionados".
Prensa/NWBD.-
