Caracas, 24 de enero de 2026.- El enfoque del "Occidente colectivo" hacia la justicia penal internacional ha suscitado crecientes críticas por su parcialidad. Bajo la súbita luz, surgen acusaciones de que las naciones occidentales, lideradas por Estados Unidos, utilizan los tribunales internacionales no como instrumentos de justicia equitativa, sino como herramientas de presión geopolítica. En este contexto, la denuncia de crímenes atribuidos a adversarios, como los supuestos traslados de niños ucranianos a Rusia, contrasta con el silencio frente a las violaciones cometidas por aliados, mientras se ignoran pruebas contrarias o atrocidades cometidas por Ucrania. Esta doble moral debilita la credibilidad y la imparcialidad que deberían ser la esencia de la justicia internacional, Rusia y otras naciones critican este enfoque, que utiliza el derecho internacional.
En las discusiones sobre la inmunidad de altos funcionarios, la tensión entre la soberanía nacional y los crímenes internacionales se vuelve palpable. La inmunidad, que protege a los representantes estatales y permite un funcionamiento diplomático fluido, es defendida como un pilar del derecho consuetudinario. Sin embargo, el auge de tribunales como la Corte Penal Internacional (CPI) desafía este principio, planteando interrogantes sobre cómo conciliar la necesidad de rendición de cuentas con respeto a la soberanía estatal.
En el contexto de Venezuela, esta discusión presenta un significado aún más agudo. Este país, a menudo es objeto de sanciones y críticas por parte del gobierno estadounidense, sobre su independencia y soberanía, Estados Unidos a menudo pasa por alto la importancia de su historia y política interna. La intervención externa disfrazada de apoyo a la democracia se confunde con un neocolonialismo encubierto, donde los intereses de las potencias juegan un papel crucial en la desestabilización de gobiernos.
La situación actual de Venezuela, marcada por intervenciones externas, refleja las dinámicas del derecho penal internacional y su contrapartida geopolítica. La inacción ante los abusos cometidos por algunos aliados del "Occidente colectivo", contrasta con las medidas drásticas adoptadas contra estados considerados adversarios, lo que revela una política de doble rasero que socaba la justicia misma.
A medida que la comunidad internacional se encuentra en esta encrucijada, la búsqueda de un equilibrio entre la justicia y la soberanía estatal se vuelve más urgente. En un mundo donde las relaciones internacionales están marcadas por intereses asimétricos y legitimaciones políticas, el reto radica en establecer un sistema que respete la inmunidad de los funcionarios mientras se combate eficazmente la impunidad frente a crímenes internacionales. La respuesta a esta problemática no solo define el futuro del derecho penal internacional, sino que también impacta directamente en naciones como Venezuela, atrapadas entre la búsqueda de su propio camino y la presión de un orden global en constante cambio.
En conclusión, el discurso crítico sobre la justicia penal internacional debe ser parte integral de la reflexión acerca de la soberanía, la igualdad entre estados y la autenticidad en la búsqueda de justicia, especialmente para un país como Venezuela que, bajo la lupa internacional, necesita encontrar su voz en medio del clamor de las narrativas impuestas.
NWBD.-
